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Comisión de la Verdad

Los caminos trazados por las Zonas de Reserva Campesina

De las seis Zonas de Reserva Campesina constituidas en el país hasta ahora, dos están ubicadas en la región del Magdalena Medio.

Julio 17 de 2020

Por: Sofía Helena Reyes Villegas, Investigadora, Transformaciones para la Paz, Macrorregión Magdalena Medio.

 

En el Magdalena Media se encuentran las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) de Morales y Arenal, creada el 22 de junio de 1999 con 29.110 hectáreas; y la del Valle del Río Cimitarra, constituida el 10 de diciembre de 2002 en los municipios de Yondó, Cantagallo y San Pablo con 184.000 hectáreas.

26 años han transcurrido desde que surgió la normativa que dio soporte en el país a las Zonas de Reserva Campesina, con la Ley 160 de 1994 como espacios para[1]:

  • Primero: Promover y consolidar la paz, a través de mecanismos encaminados a lograr la justicia social, la democracia participativa y el bienestar de la población campesina.
  • Segundo: Eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rústica.
  • Tercero: Apoyar a los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos en los procesos de adquisición de tierras promovidos por ellos mismos, a través de crédito y subsidio directo.

Los antecedentes de este reconocimiento legal encuentran sus orígenes en los escenarios de los conflictos agrarios de los años 1920, y en algunos esfuerzos legislativos logrados en ese momento (Ley 47 de 1926 y los decretos reglamentarios 839 y 1110 de 1928), que buscaron “sentar bases para la construcción de un mercado interno y el mejoramiento de las condiciones de vida del campesinado”[2]. Sin embargo, la precariedad para el abordaje de estos conflictos agrarios en las diferentes regiones del país y la tendencia a la concentración de la propiedad de la tierra no cedieron y se reflejan en las cifras establecidas por la investigadora Esmeralda Prada[3], al señalar que a finales del siglo XX se presentaron 1.819 manifestaciones, protestas y movilizaciones sociales de la población rural, de las cuales 1.099 buscaban la invasión o la toma de tierras.

El largo camino recorrido por las movilizaciones campesinas y la búsqueda de mecanismos para las transformaciones solicitadas, trajo hasta mediados de los años 80 y 90, las reivindicaciones de distribución de la tierra, créditos, comercialización, concertación para solución de la problemática de cultivos de uso ilícito.  Al mismo tiempo, se presentaba en las regiones rurales la presión de las guerrillas sobre las zonas en las que hacían presencia y la entrada violenta de grupos paramilitares. Es dentro de ese contexto que se fue gestando la figura de Zonas de Reserva Campesina.  

En el desarrollo de los hechos – según Wilmer Chaparro-: “Es esencial resaltar las movilizaciones realizadas por los campesinos cocaleros del suroccidente del Meta y el noroccidente del Guaviare entre los años de 1985 y 1987 y las marchas campesinas de 1996, que abarcaron otras zonas cocaleras de Putumayo, Caquetá, Cauca y del Sur de Bolívar”[4] en el Magdalena Medio.

 

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Así pues, las ZRC han estado en medio de la confrontación buscando tejer un espacio de construcción de otras territorialidades, de procesos de protección a la propiedad de la tierra, de seguridad alimentaria, de alternativas a las fumigaciones, de disminución de los impactos de la colonización en determinadas zonas, y del reto del cuidado de los ecosistemas haciendo propuestas para las Zonas de Reserva Forestal.

El proceso organizativo que recogen las Zonas de Reserva Campesina no ha estado exento de debates, desafíos, dificultades y, en medio de esos esfuerzos, dichas zonas de reserva tampoco han estado libres de las afectaciones de la guerra. En ese sentido, han sido tanto reconocidas como estigmatizadas.

Por ejemplo, la Zona de Reserva Campesina del Valle de Río Cimitarra fue suspendida desde abril 2003 hasta febrero 2011 y la Junta Directiva de la Asociación Campesina del Valle de Río Cimitarra (ACVC) fue judicializada en 2007.  Al final de los procesos judiciales iniciados sus miembros fueron liberados y absueltos por los dictámenes de la Fiscalía 37 especializada de la Unidad de Derechos Humanos de Medellín en 2008 y 2009.  También, desde su origen, miembros de la ACVC han recibido amenazas, quema de viviendas, bloqueos alimentarios, desplazamientos y hasta exilios. Cinco de sus miembros fueron asesinados -tres presidentes de Juntas de Acción Comunal y dos personas de la junta directiva de la ACVC  según el Informe Brigadas de paz en 2011[5].

Sin embargo, al mismo tiempo logró ser reconocida con el Premio Nacional de Paz en 2010 otorgado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), El Tiempo, Caracol Radio, Caracol Televisión, Revista Semana y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung por sus logros como experiencia de resistencia civil y en defensa de la vida.

Se hace necesario ver algunas cifras de balance y algunas preguntas que nos generan no solo el paso del tiempo, sino la importancia del tema rural en la lista de desafíos dentro de la agenda de construcción de paz en el país, y el significado de los procesos que promueven las ZRC. Un análisis reciente basado en el Censo Agropecuario del 2014 acerca de la concentración de la propiedad de la tierra revela que “en Colombia el 1% de las explotaciones agrícolas de mayor tamaño manejan más del 80% de la tierra, mientras que el 99% de las parcelas se reparte menos del 20% de la tierra”, situando al país en el primer lugar de cifras de desigualdad en América Latina después de Perú, Chile y Paraguay[6].  Además, hay que precisar que en 1960 el 29% de las tierras en Colombia eran ocupadas por fincas de más de 500 hectáreas, en 2002 la cifra subió a 46 % y en 2017 el número escaló al 66%.

Estas cifras de concentración muestran los efectos de los procesos de despojo que se han dado en medio del conflicto armado, los retos, los desafíos de implementación de las políticas agrarias producto de las movilizaciones y de los acuerdos generados -y no siempre cumplidos-; y el peso de las contrarreformas que se han querido hacer en cuestiones agrarias, reversando lo concedido, en detrimento de los modelos de economía campesina que buscan su espacio y reconocimiento.

En contraste, con este panorama de concentración histórica de la tierra en Colombia, se evidencia una realidad que muestra otros caminos, los caminos que han intentado trazar las Zonas de Reserva Campesina. La evaluación realizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Agencia Nacional de Tierras sobre las ZRC en 2019, señala que “en alianza con algunos actores regionales, como el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, la      Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra ha logrado convocar a organismos internacionales de derechos humanos, así como representantes de la Unión Europea, actores académicos nacionales e internacionales, y especialistas que han significado un apoyo permanente para la ZRC.  En este marco, la organización logró ejecutar 17 grandes proyectos de cooperación internacional en el periodo 1999-2017, relacionados con los ejes estratégicos de su PDS: Desarrollo Rural y Proyectos Productivos; Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial; Derechos Humanos y Derecho Internacional; Mujer Rural y Género; Participación y Organización”. 

Cabe aquí preguntarnos: Si se revelan de esta manera aspectos clave en el avance de una herramienta legal que ya cumple más de 20 años de existencia y se ve el alcance de las alianzas interinstitucionales, de la voluntad de los actores, el rol de la financiación y la construcción participativa de agendas incluyentes dentro de la región, ¿qué es lo que impide a estas opciones avanzar?

 

***

 

[1] MINAGRICULTURA, 1994. LEY 160 DE 1994. Diario Oficial No. 41.479, de 5 de agosto de 1994. Recuperado de: https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Leyes/Ley%20160%20de%201994.pdf y del Decreto Decreto 1777 de 1996 que la reglamenta.

[2] Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura; Agencia Nacional de Tierras (2019). Las Zonas de Reserva Campesina. Retos y experiencias significativas en su implementación. Bogotá 544 Pág. Recuperado de: http://www.fao.org/3/CA0467ES/ca0467es.pdf

[3] PRADA, Esmeralda. Luchas campesinas e indígenas. En Mauricio Archila (comp.), 25 años de luchas sociales en Colombia 1975-2000. Bogotá: CINEP, 2003. 278 p.

[4] Chaparro, Wilmer. (2014) Las zonas de reserva campesina (ZRC) reconocimiento del campesino como sujeto político y cultural en Colombia.  Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de ciencias de la educación. Licenciatura en etnoeducación y desarrollo comunitario. Pereira. 119 Pág. Recuperado de: http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/4568/3055633861CH462.pdf?sequence=1

[5] Peace Brigades International Colombia (PBI) (2011) ColomPBIa Asociación Campesina del Valle de Río Cimitarra. Recuperado de: https://www.peacebrigades.org/fileadmin/user_files/projects/colombia/files/press_kits/111210_ACVC_esp_web.pdf

[6] OXFAM, (Mayo, 2017) Radiografías de la desigualdad. 36 Pág. Recuperado de: https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/radiografia_de_la_desigualdad.pdf

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