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Comisión de la Verdad

“Acuerdos humanitarios ya”

Esta es la solicitud que hacen las comunidades negras del Pacífico al Gobierno nacional para poner fin a la continuidad del conflicto armado que afecta vidas humanas, fauna silvestre, bosques, ríos y montañas.

ENCUENTRO | Julio 24 de 2020

“Acuerdos humanitarios ya”

 

Como parte de la ruta preparatoria para el acto de reconocimiento a las comunidades negras, raizales y palenqueras ‘La Verdad del Pueblo Negro’, la Comisión de la Verdad realizó el pasado 23 de julio el conversatorio virtual ‘El territorio como víctima del conflicto armado’. En este espacio participaron el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, la comisionada Ángela Salazar, el coordinador territorial de la Macrorregión Pacífico de la Comisión de la Verdad, Jesús Eduardo Arroyo, y líderes sociales y defensores y defensoras étnico territoriales de la región.

En un diálogo que se extendió por casi tres horas los líderes sociales hicieron un recorrido por los últimos 70 años, mencionando los fenómenos de economía extractivista legal e ilegal como: la minería no artesanal, cultivos ilícitos, explotación maderera, siembra de monocultivos de palma africana, y la presencia y accionar de grupos armados. Los datos y reflexiones presentados en el evento buscan que la sociedad colombiana reconozca la verdad alrededor de las afectaciones del conflicto armado en los bosques, ríos, esteros y quebradas de la región Pacífico en perspectiva de no repetición.

Las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras tienen un relacionamiento particular con el territorio, no lo conciben solo como un espacio físico, sino que le dan un valor superior al considerarlo como la vida misma: sin territorio no hay vida. “En el Pacífico indígenas y afros compartimos el territorio y le damos la importancia de respetar al otro, la otra y lo otro. Eso significa el respeto por el territorio, por el ecosistema”, afirmó la comisionada Ángela Salazar.

De acuerdo con la Unidad de Víctimas, el conflicto armado en Colombia ha afectado a más de ocho millones de personas y el Decreto - Ley 4633 de 2011, también conocido como Ley de Víctimas para Comunidades Indígenas, en el artículo 45, incorporó la noción del territorio como víctima: “El territorio, comprendido como integridad viviente y sustento de la identidad y armonía, de acuerdo con la cosmovisión propia de los pueblos indígenas y en virtud del lazo especial y colectivo que sostienen con el mismo, sufre un daño cuando es violado o profanado por el conflicto armado interno y sus factores vinculados y subyacentes”.

Según estimaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 53,4% de los bosques naturales del país se encuentran en territorios étnicos, de los cuales el 46% son resguardos indígenas y el 7,3% son territorios colectivos de comunidades afrocolombianas, lugares donde el conflicto armado no ha cesado. Lidoro Hurtado Quiñones, líder del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera de Tumaco, expresó que “después de la llegada de la industria palmera en los años 70, llegó la violencia a Tumaco. Antes de esta industria en Tumaco éramos más amigos, ahora solo hay desconfianza, Necesitamos hacer escuela de concientización para reencontrarnos como pueblo”.

Uno de los casos más mencionados durante el conversatorio fue el del río Anchicayá, ubicado en la zona rural de Buenaventura. La Defensoría del Pueblo en la Resolución Defensorial N°. 35 de 2005 señala que el 23 de julio del 2001 la empresa hidroeléctrica EPSA S.A. ESP. abrió las compuertas de la represa del Bajo Anchicayá sin consultar a las comunidades, ni informar a la autoridad ambiental produciéndose una descarga de 500.000 metros cúbicos de lodo sobre la cuenca del río del mismo nombre, resultando afectadas aproximadamente 3.000 personas, que ya cumplieron 19 años esperando la reparación al daño ecológico. “Hay una afectación económica, social, cultural y una ruptura de las dinámicas tradicionales de las comunidades anchicagüeñas. En suma, se trata de un modelo de desarrollo que nos ha sido impuesto y que nos masacra”, expresó María Miyela Riascos Riascos, lideresa y defensora de derechos de la cuenca del río Anchicayá.

Según Mario Alejandro Pérez, en el documento ‘Conflictos ambientales en Colombia: inventario, caracterización y análisis’ publicado en 2004, los territorios étnicos presentan una alta incidencia de conflictos ambientales debido a la baja presencia institucional del Estado colombiano, por las economías ilegales y accionar de los grupos armados. Los principales conflictos se han dado por los sectores mineros y de hidrocarburos y por el cambio de uso del suelo y ampliación de la frontera agropecuaria.

José Felipe Cuero Cuero, líder de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP), manifestó en el conversatorio que “los impactos de la minería ilegal en los territorios colectivos del pacífico caucano (la deforestación, la sedimentación y la contaminación de las fuentes hídricas con mercurio) son irreversibles y se siguen replicando en los municipios del Pacifico caucano”. Y añadió: “Es necesario hablar del racismo estructural por parte del Estado colombiano, pues este factor ha permitido que las economías legales e ilegales que afectan directamente el territorio permanezcan en nuestras comunidades”.

A su vez, el líder de Guardianes del Atrato, Alexander Rodríguez, habló sobre las afectaciones de la minería al río Atrato y se puntualizó sobre los procesos organizativos que lideran las comunidades negras en Chocó para defender el derecho a la vida y el derecho al territorio, asociaciones que en muchas ocasiones se ven forzadas a acudir a vías de hecho y jurídicas para conseguirlo. Con relación a este tema Alexander Rodríguez señaló: “La sentencia T-622 de 2016 (sobre el río Atrato como sujeto de derecho) es una oportunidad para la reivindicación de los derechos de los pueblos étnicos, y es un precedente judicial para el Estado colombiano, lo que demuestra que se debe acudir a las instancias judiciales para proteger los recursos naturales”.

Los territorios colectivos de las comunidades negras tienen una extensión aproximada de 5.762.081 hectáreas, tituladas a 207 consejos comunitarios. Según cifras de la Red Nacional de Información (RNI), desde el año 1985 hasta el 2019, los cuatro departamentos que hacen parte de la región Pacífico (Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño) han reportado cerca de 1.800.233 de víctimas del conflicto armado.

Cifras que se constituyen en razones por las cuales la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas frente a la crisis humanitaria de la región y publicó el informe ‘Problemática Humanitaria en la Región Pacífica Colombiana’ de 2016. El texto menciona tres aspectos centrales que han contribuido a la configuración de esta región como escenario de conflicto armado: Diversos actores sociales, institucionales y armados han concebido a la región como un territorio marginal o de frontera agrícola; las élites políticas y económicas ocuparon y transformaron el territorio a partir de una relación extractivista sin reconocer las características culturales y sociales presentes en la región; y el modelo de desarrollo aperturista no logró articular los requerimientos y las demandas de atención en servicios sociales, sino que terminó por agravar las condiciones de inseguridad económica, privilegiando procesos de privatización e inversiones trasnacionales en infraestructuras y proyectos extractivos.

En medio de este panorama las comunidades negras de la región Pacífico continúan perseverando en los procesos de verdad, justicia y no repetición. “La verdad no puede ser cooptada ni cercenada, es la base para la no repetición”, dijo María Miyela Riascos. Además, de manera permanente las comunidades trabajan en propuestas y alternativas que garanticen la protección de los recursos naturales, la reducción de las brechas de desigualdad y la vida en paz. El líder social de la cuenca del Bajo Calima de Buenaventura, Diego Portocarrero planteó que “se requieren acuerdos humanitarios ya. El Estado, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y cualquier grupo armado deben sentarse para que nos permitan vivir en el territorio”.

En el conversatorio se resaltaron tres conclusiones: la importancia y necesidad de que el Estado colombiano reconozca lo que el pueblo negro ha conquistado en materia normativa, así como los proyectos que se han generado al interior de las comunidades étnicas (planes de vida, planes alternativos y de salvaguarda); la necesidad que hay en la región de frenar las dinámicas de la guerra, pues estas nuevamente amenazan los procesos de organización social; y la importancia de comprender los saberes de los mayores, de las mujeres y de los jóvenes y a conocer la fuerza organizativa y de resistencia de los pueblos étnicos del Pacífico colombiano.

El espacio de diálogo finalizó con palabras de agradecimiento de la comisionada Ángela Salazar y el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, quien expresó: “Estamos con el pueblo negro y ponemos a la Comisión de la Verdad como plataforma para que se cuenten las verdades de sus luchas. Gracias por confiar en nosotros”.

 

Reviva aquí el conversatorio

 

*Publicación con el apoyo del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali.

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