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Comisión de la Verdad

“Hablar de derechos humanos en Colombia es un pecado”

Líderes, lideresas y defensores de derechos humanos dialogaron sobre los impactos y afectaciones sufridas, en el ‘Cuarto diálogo regional para la no repetición en la Macrorregión Centroandina’.

TERRITORIOS | Agosto 25 de 2021

“Hablar de derechos humanos en Colombia es un pecado”

El pasado 18 de agosto, la Comisión de la Verdad realizó dialogo ‘Afectaciones a la democracia: estigmatización, impactos y persistencias del conflicto armado sobre los líderes y defensores de derechos humanos de la macrorregión Centroandina’. Esta iniciativa se desarrolló con el objetivo de profundizar en las afectaciones que han sufrido los diferentes liderazgos del centro del país por parte de múltiples actores.

Esta conversación recogió hechos, impactos, afectaciones y persistencias que han sido acompañadas por un lenguaje y elementos estigmatizantes que han llevado a múltiples violaciones a los derechos humanos a los líderes por su labor y vocación; también permitió recoger alternativas que se presentan como salida a las acciones violentas para llegar a establecer recomendaciones de no repetición.

Luis Fernando Pacheco, líder de esclarecimiento de la Macrorregión Centroandina de la Comisión de la Verdad aseguró que “ uno de los hallazgos de la Comisión en este territorio es que el transitar de un líder social a la labor de la política era una acción para convertirse en objetivo militar, por ser entendidos como representantes del Estado; cuantitativamente los principales afectados fueron concejales y ediles de municipios de menor categoría que ejercían liderazgos representativos en sus comunidades”.

Las voces que participaron en este espacio fueron diversas. Daniel Felipe Ortiz Puentes, es un joven líder e hijo del concejal Moisés Ortiz Cabrera, víctima de la masacre de Rivera, Huila, en el año 2006. Daniel manifestó en el espacio que “esta acción afectó significativamente en el riesgo y en el miedo que tenían otros líderes sociales de asumir liderazgos políticos”.

También aseguró que han tenido encuentros con responsables de la masacre perpetrada en Rivera: “Nos hemos reunido con los responsables, para encontrar explicaciones del porqué de los hechos, estas acciones nos han ayudado a darnos cuenta que ellos también son seres humanos y sienten responsabilidad, esto ayuda a mitigar el conflicto y a las víctimas a sacar todo lo que se tiene en el pecho, es una manera de sanar y de dar perdón; nosotros como victimas debemos pensar en un futuro en paz y como líder joven no quiero que ningún niño de Colombia viva lo que me tocó vivir a mí”.

Por su parte, Rosalba Céspedes, líder del municipio de Roncesvalles, Tolima, contó que le ha hecho frente a la violencia a través de la unión y el tejido comunitario en este territorio: “Soy una de los tres sobrevivientes de los nueve concejales que fueron víctimas de la violencia entre los años 1998 al 2000”.

Rosalba hizo énfasis en la dificultad que se tienen en estos territorios de persistir en la defensa de los derechos humanos: “Hablar de derechos humanos en Colombia es un pecado”. Además, manifestó que “la ubicación geográfica de este territorio, por su lejanía no tiene la atención del Estado, aún se mantiene la falta de oportunidades e inversión en este municipio. Yo en mi calidad de líder he buscado mecanismos para que nuestra comunidad y nuestras futuras generaciones tengan un legado, no queremos que sean víctimas de reclutamientos masivos”.

“La paz no es una palabra que debe estar allá lejos en la meta. La palabra paz debe ser muy corta, debe estar desde nuestros corazones”, añadió Rosalba.

A su vez, la mayora María Beatriz Vivas, consejera de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) hizo mención de la dificultad que tienen al ejercer liderazgos en la defensa del territorio y por la defensa de los derechos humanos: “Nuestros territorios no deben ser señalados, no deben estar en medio del conflicto armado, es ahí donde por ser voceros, por ser autoridad, nos convertimos en víctimas de diferentes amenazas”.

Eunice García, líder comunitaria del San Juan de Rio seco, Cundinamarca, resaltó su trabajo alrededor del arte: “El arte a través de las agujas y los telares se convirtió en una herramienta para visibilizar los impactos que vivió este territorio y para las familias la posibilidad de sanar lo ocurrido”.

Por su lado, Oscar Hernando Parra, líder comunitario de la provincia de Lengupá, Boyacá, expresó: “En estos pueblos, el político local debe ir a buscar los líderes sociales natos, para convencerlos e incluirlos a las listas de los concejales. Estos líderes son personas honestas que pone en práctica sus conocimientos para ayudar a su comunidad”. También aseguró que todavía persiste la estigmatización en los territorios y principalmente a los líderes: “Una persona por ser parte de la política es señalado, es estigmatizada”.

En el encuentro también se abordó el tema desde la voz institucional. Monserrt Solano, representante adjunta de ONU Derechos Humanos en Colombia, señaló que: “El liderazgo es una actividad legitima y debe ser protegida por el Estado y garantizar este ejercicio. Retiramos nuestro compromiso de continuar prestando asistencia técnica a la sociedad y a las instituciones para contribuir a un entorno seguro para las personas que defienden los derechos humanos en Colombia”.

José Leonardo Rojas, secretario de gobierno de Cundinamarca, dijo a su vez que ninguna forma de estigmatización a los líderes sociales puede ser validada: “Recházanos cualquier forma de estigmatización a la política, líderes sociales y defensores de derechos humanos”.

Al mismo tiempo, María Elizabeth Valero Rico, defensora del pueblo regional de Cundinamarca señaló: “Hemos evidenciado que hay discursos de agresión en los territorios, también hemos evidenciado que los líderes sociales temen de ser reconocidos como líderes. Necesitamos hacer un ejercicio de empatía para que la labor del líder social sea reconocida y valorada, para que se pueda transmitir este ejercicio a las nuevas generaciones”.

Mientras que Carol Barajas Ramírez, delegada de la Procuraduría para el seguimiento al acuerdo de paz, comentó que la situación de seguridad en los territorios es uno de los mayores retos en el país. Además, indicó que en este año “van 40 homicidios a líderes y defensores humanos en el país y es una cifra bastante alarmante”.

Finalmente, Eduardo Garzón Torres, experto en democracia y participación ciudadana, habló sobre la dificultad que han tenido los líderes sociales para llevar su voz a diferentes lugares: “Ellos han sido las amenazados y las atemorizados”. También, resaltó que el final del conflicto armado en algunas regiones, permitió que algunas personas ejercieran liderazgos para reclamar por sus derechos sin temor.

Vea aquí el evento en su totalidad ↓↓

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