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Comisión de la Verdad

Los pueblos indígenas de Caño Mochuelo en riesgo de exterminio físico y cultural

La Comisión de la Verdad estuvo, entre el 15 y 20 de junio, en el resguardo Caño Mochuelo en Casanare, para escuchar sobre las afectaciones a los pueblos indígenas de la región en el marco del conflicto armado y su situación actual.

TERRITORIOS | Julio 21 de 2021

Únicos integrantes del pueblo indígena tsiripus

Aide Chamarravi, comisaria del Cabildo de Caño Mochuelo, recuerda: “Ella tenía fiebre, estaba temblando de frio, no tenía ropita, tenía hambre. Estaba vomitando y estaba muy débil”. Ese 18 de junio, a las 2 de la tarde, una mujer tenía contracciones de parto y mientras era sacada en bongo hacia el único hospital cercano ubicado a cuatro horas en el municipio de Cravo Norte, Arauca, tuvo a su bebé en el camino.

Yolima Rodríguez, profesora de la comunidad, recuerda que “a las 6:30 de la tarde la mujer tuvo la niña en el bote. La muchacha ya estaba dando a luz y como no cargábamos nada de cómo atenderla, la muchacha tuvo la niña, le nació casi muerta. Moradita salió la niñita. Y no teníamos como cortarle el ombligo (cordón umbilical) y a la señora le toco con los dientes”.

En el resguardo Caño Mochuelo habitan diez pueblos indígenas, cuatro de ellos son sedentarios (sikuani, piapoco, sáliba y amorua) y seis preservan sus prácticas de tradición nómada (maiben masiware, wamonae, waüpijiwi, yamalero (mayaleros), tsiripus y yaruros). Estos pueblos nómadas son únicos en el mundo, se encuentran solo con protección territorial en este resguardo y su reducción poblacional es grave. El pueblo wamonae lo conforman cerca de 1.000 personas; el maiben masiware cerca de 500 y los pueblos tsiripus, yaruro y yamalero (mayaleros) tienen menos de 150 integrantes. La reducción de sus poblaciones se ha dado por la persecución generada durante la colonización y las “guahibiadas”, además del conflicto armado interno y las condiciones humanitarias precarias en que viven, las cuales vulneran su soberanía alimentaria, saberes tradicionales, cosmovisión única y diferenciada, prácticas culturales, autonomía y, en general, su pervivencia. Estas situaciones mantienen a estos pueblos indígenas en riesgo inminente de exterminio físico y cultural.

 

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Guardia indígena del pueblo tsiripu, comunidad guafiyal.

 

La Comisión de la Verdad visitó el resguardo Caño Mochuelo para caminar con sus comunidades y escucharlas, con la guía de sus autoridades indígenas y sus médicos tradicionales, para que su historia, sus dolores y las vulneraciones a sus derechos humanos, que aún hoy siguen padeciendo, hagan parte de la verdad indígena de la Orinoquía colombiana.

 

Guahibiadas y cuiviadas, una práctica de exterminio

El pueblo tsiripu constituye una comunidad conocida como guafiyal (guadua), integrada por 75 personas, entre mujeres, hombres, niños y ancianos. Ellos señalan como su sitio de origen a la cueva milenaria y ancestral llamada Matanabi, ubicada a orillas del Caño Pica Pico, en el municipio de Paz de Ariporo en Casanare. En los alrededores, fueron asesinados muchos de sus integrantes en el siglo pasado y despojaron a este pueblo de su territorio.

 

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Pueblo tsiripu, comunidad guafiyal.

 

Los departamentos Casanare y Arauca fueron, desde finales del siglo XIX, epicentro de violencias y torturas dirigidas a los pueblos indígenas que allí habitaban con el fin de colonizar y “civilizar” esos territorios de monte y sabana llenas de los considerados “indios salvajes”, estas afrentas a estos pueblos eran ejercidas por los colonos y por la ley (Ley 89 de 1890, titulada “Por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada”).

Ninguna de estas acciones fue aislada o momentánea, hicieron parte de las denominadas guahibiadas y cuiviadas que se expandieron por todo el llano colombiano hasta finales de la década de 1960, en las que colonos, grandes ganaderos o empresas, con apoyo de autoridades civiles y militares, asesinaron a cientos de indígenas, comunidades enteras, de diversos pueblos que ellos llamaban despectivamente “guahibos”. Incluso, en la memoria de los pueblos indígenas se recuerda la participación de la Guerrilla del Llano en la de década de 1950, en cabeza del capitán Dumar Aljure, en la persecución, despojo y asesinato de decenas de indígenas. En particular, a finales de la década de 1930, la petrolera estadounidense Tropical Oil Company contrató a personal específico encargado de “limpiar étnicamente”, de asesinar indígenas, en la zona aledaña al rio Pauto (Ver el Plan de salvaguarda sikuani, la cual es parte del recorrido ancestral de los pueblos maiben saiware, wamonae y especialmente del pueblo tsiripu).

La denominación “guahibo” es ajena a los pueblos indígenas y ha sido utilizada, también por el Estado y sus instituciones, para denominar a la familia etnolingüística de la mayoría de los pueblos que habitan la Orinoquía colombiana. Wando de Jesús Forero, autoridad indígena del resguardo Caño Mochuelo, relata que con el término “guahibos”: “Se dan esos nombres que son despectivos para nosotros como pueblos indígenas y es a la vez como una ofensa, como un maltrato hacia nuestra identidad como pueblos y nos dificulta también realizar o visibilizar nuestra identidad cultural”.

La consideración de los pueblos indígenas como salvajes equiparó históricamente la caza de animales con la caza de indígenas; incluso, para los colonos, esta práctica llegó a considerarse un deporte: “salir a guahiabiar” era la reunión de grupos de colonos que salían, en ocasiones a caballo, con escopetas, arpones, machetes o lancetas y perseguían a comunidades indígenas. Las violencias incluyeron desde el correteo por las sabanas, el envenenamiento de la sal y alimentos que los colonos les daban como supuesta ofrenda, los disparos a sus integrantes, el asesinato con torturas, el arrastre a caballo de sus cuerpos y el corte de su piel secada al sol, como si fuesen casos de caza de animales.

Ninguno de los diez pueblos que habitan el resguardo Caño Mochuelo estuvo exento de esta persecución y en sus relatos permanece ese recuerdo. En el caso del pueblo tsiripu, fue tan grave el exterminio que para cuando llegaron al territorio Caño Mochuelo en el año 1970, constituido como resguardo desde 1986, solamente quedaban alrededor de 10 integrantes. Homero Noco, el único medico tradicional de este pueblo, recuerda: “Primero, éramos bastantes tsiripus. Nos exterminaron los colonos. Los de guahibiadas les dieron plomo, los atajaban (los colonos a caballo correteaban a los indígenas) cuando llegaron a Santa María (territorio del resguardo Caño Mochuelo), llegaron como 10 personas. Otros se murieron allá por los colonos”.

 

El conflicto armado en Caño Mochuelo

Recientemente, las persecuciones violentas a estos pueblos indígenas han sido protagonizadas por actores armados. Desde el intento de las desaparecidas FARC-EP de tomarse el municipio de Hato Corozal en el año 1999, la fuerza pública colombiana amplió su presencia en cercanías al territorio del resguardo Caño Mochuelo.

El pueblo tsiripu fue bombardeado en el año 2002 por considerar que la comunidad indígena “por vivir en el monte” hacía parte de la insurgencia. El capitán de la comunidad Guafiyal recuerda: “Cuando también llegaron los helicópteros. Me acuerdo que Olavio, mi hijo, estaba encaramado de un palo, se bajó de un palo y una pierna casi se le enreda allá por miedo, porque vino un bombardeo. La gente se regó, se fueron, se tumbaron al rio. Los estudiantes estaban en la escuela y (el bombardeo) alcanzó a tumbar un techo. Los estudiantes botaron los cuadernos y al agua. Después, dijeron (el Ejército) que ‘porqué se tumbaron, por miedo de qué’. Preguntaron después de que salió la gente del rio. Ellos (el Ejército) estaban en la comunidad. En la escuela estaban todos ahí sentados. Y después salieron de a uno, otro, otro y otro y se reunieron y nos dijeron ‘ustedes en dónde estaban’. Y nosotros dijimos: “no, nosotros nos tumbamos al agua porque nosotros les tenemos miedo a ustedes, por el bombardeo, por el avión, que ustedes venían”. Entonces nos dijeron: “no, nosotros veníamos por acá porque pensábamos que ustedes eran guerrilleros porque viven entre el monte””.

 

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Pueblo yaruro, comunidad calvario.

 

La presencia de la fuerza pública, en especial de la Infantería de Marina, se ha establecido en el rio Casanare y en el Caño Aguas Claras. En el pueblo yaruro se recuerda que, en cercanías al Caño Aguas Claras, aunque este territorio es del resguardo, el Ejército prohibió la caza, la pesca y la recolección de frutales. Hasta hoy no pueden acercarse a una de sus principales fuentes de alimento. Asimismo, el pueblo piapoco, en los últimos seis años, entre los meses de mayo a agosto, la Infantería de Marina se acerca a las orillas entre bocas del rio Casanare y la comunidad y al Caño Aguas Claras, en muchas ocasiones con persecuciones a los indígenas.

En el año 2019, un hecho desplazó a dos familias del pueblo piapoco según la comunidad: “Duraron como todo el mes de julio de 2019 (la Infantería de Marina) En última instancia, (un día) arrimó la lancha y se vinieron a pie y le salieron a un señor que vivía cerca. Le llegaron a la casa como tipo 3 de la tarde. Ellos le llegaron y le preguntaron a mi hermana que se estaba bañando, el soldado le dijo: “no se asuste que nosotros andamos por acá buscando a ver a donde encontramos a la guerrilla, ¿usted no ha visto gente rara por aquí?”. Ella le habló en idioma porque ella no sabía hablar español casi. Y el soldado le dijo: “si a nosotros no nos dicen la verdad, tendremos que venir a amarrar a un indígena””

El hecho que se considera más grave perpetrado por la fuerza pública, ocurrió el 11 de marzo de 2013. El Ejército colombiano bombardeó una pista aérea que la comunidad utilizaba para el transporte de enfermos y de alimentos. De acuerdo con la ‘Orden judicial N°. 110016000098201280161 del 8 de febrero de 2013 emitida por la fiscalía UNAIM 31, en una operación llamada ATENEA 1’, consideraba que esta pista era utilizada para el traslado de armamento por parte de grupos armados ilegales. A pesar de que la comunidad instauró una denuncia por estos hechos, el Estado no ha emitido alguna respuesta y la pista aérea sigue sin funcionamiento, lo que ha afectado a los diez pueblos del resguardo Caño Mochuelo.

“Habíamos programado para ese día, con todos los estudiantes, tumbar un conuco y sembrarlo. Salimos a las 5 de la mañana. A las 6 sentimos un helicóptero que venía. El helicóptero cayó y volvió y se fue. Yo salí a preguntar que quién venía, porque el objetivo prácticamente era coordinar con el gobernador del cabildo cuando iba a venir alguien (de la fuerza pública). Lo que me dijeron ellos es que venía la Cruz Roja, venia el Gobernador de Casanare y que traían unos regalos para los niños. Como eso me dijeron pues yo me fui y estábamos trabajando cerca de la pista de aterrizaje con todos los muchachos. Cuando regresé fue cuando empezamos a escuchar la primera detonación. Entonces los muchachos arrancaron a correr y pues yo me fui para allá y ahí empezamos a preguntarle que por qué lo estaban haciendo. Que se llamará a la autoridad (indígena) para que acordáramos”.

Aunque no hay presencia permanente de insurgencia o de actores armados al margen de la ley hace alrededor de una década, las afectaciones por estos grupos no han sido menores. Hacía el 2010, cuentan las comunidades, ocurrió otro hecho que desplazó al pueblo tsiripu del territorio conocido como Santa María de Irimene: hombres armados se ubicaron en cercanía al territorio, manipularon a la comunidad, utilizaron el bongo comunitario para transportarse y los obligaron a guardar armas.

 

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 Lugar de donde fue desplazado el pueblo tsiripu, Santa María de Irimene

 

“Cuando llegaron fue con propios hierros (armas). A mí como capitán me recomendó. Me dijo: “mire capi este hierro, ni un pedazo de hierro me lo vaya a botar ni lo vayan a esconder. Porque si usted se va le vamos a hacer esto (asesinarlo)”. Pero yo le dije: “¿qué es eso? A mí me da pena, pero porque usted lo va a dejar acá, pues llévenselos mejor, para evitar problemas”. Él dijo: “no, lo dejaremos aquí”. Entonces hasta a mí me regañaron porque se perdió una peinilla, una cinturera y a mí me llamaron al bongo, me dijeron: “venga para acá, capi, aquí en la voladora, en la punta de la voladora se me perdió una peinilla”. Y a mí con un garabato, con una palanca (arma) a mí me empujaban, pero yo no dejaba, les decía: “pero porque se ponen bravos conmigo si no les estoy quitando, yo les dije que podían sacar eso””.

Los impactos del conflicto armado a los pueblos indígenas del resguardo Caño Mochuelo se agravan con las complejas condiciones humanitarias. Los territorios ancestrales que permiten el desarrollo del modo de vida nómada de estos pueblos son cada vez más restringidos por la prohibición de ingreso a fincas o haciendas, la presencia de actores armados (ELN y disidencias de las FARC-EP) en los municipios de Arauca y Vichada (donde estos pueblos tienen muchos de sus territorios ancestrales y sitios sagrados), y por el control armado permanente que ejerce la Infantería de Marina en sus territorios. Asimismo, los territorios de Caño Mochuelo no cuentan con los alimentos suficientes de la dieta de estos pueblos. Un integrante del pueblo yaruro relató: “Por eso del mito del lindero, de los linderos de nosotros, del resguardo, por eso nosotros no podemos salir, nada. La gente no nos deja entrar ni nada para matar un chigüire (chigüiro). Eso es muy complicado para nosotros. Afuera del resguardo sí había cucurita, fruta y de todo, porque aquí no hay nada. No contamos de cururitas, de palma, solo contamos con algunos morichales”. Mientras que otro integrante del pueblo wamonae, enunció: “Hoy en día, por la escasez, se fueron agotando (los animales). Hubo una escasez rápida al entrar los colonos”.

 

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Camino hacia el lugar donde se bañan diariamente los habitantes de la comunidad El Calvario del pueblo yaruro

 

El Tribunal Superior de Casanare ordenó el 15 de junio de 2016, a través de un fallo de tutela, resolver la situación de acceso a agua potable, saneamiento de residuos y excretas que contaminan las aguas y el acceso a salud para todas las comunidades del resguardo. En la actualidad la mayoría de las comunidades no cuentan con baños ni acceso a agua potable, en su mayoría tienen que ir a bañarse, lavar su ropa y traer agua en baldes de caños o ríos para el consumo humano. También, las comunidades dicen que desde hace una década se cerró el Centro de Salud de San José del Ariporo, el único con el que contaba el resguardo, y desde entonces la asistencia en salud se limita a brigadas mensuales, las cuales, a la fecha de la visita de la Comisión, no ocurre hace cuatro meses. Las órdenes del tribunal departamental, cinco años después, no se han cumplido ni en menor medida.

Es urgente alertar al Estado, a la sociedad y a la humanidad en su conjunto con el fin de reunir los esfuerzos necesarios que contribuyan a la pervivencia de estos pueblos y su dignidad, pues la pérdida paulatina de estos es la perdida de distintas lenguas y de modos de ver y vivir el mundo. Es una pérdida irreparable e invaluable.

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