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Comisión de la Verdad

Se reinician los Diálogos para frenar la persistencia del conflicto armado en el país

A partir de este miércoles 8 de julio la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad retoma, en una segunda fase, su estrategia de Diálogos para la No Repetición en zonas donde el proceso de transición se está viendo más afectado.

LA COMISIÓN | Julio 07 de 2020

Se reinician los Diálogos para frenar la persistencia del conflicto armado en el país

El Cauca, Bajo Cauca antioqueño, Catatumbo y Bajo Atrato son las regiones priorizadas en este nuevo ciclo de Diálogos para la No Repetición. Allí la Comisión de la Verdad sentará a líderes sociales, empresarios, fuerza pública, delegados del gobierno y Estado, a medios de comunicación y analistas internacionales para profundizar sobre los factores y condiciones que facilitaron o contribuyeron a la persistencia del conflicto armado, e identificar casos, a la luz de problemas actuales, que permitan entender por qué estos factores se han reactivado o potenciado en algunas regiones.

En 2020, la Comisión, en alianza con El Espectador y Colombia 2020, activa este proceso de escucha plural para avanzar en el camino hacia la convivencia y buscar que “no se repita lo intolerable”.

El primero de estos diálogos será transmitido en vivo, a partir de las 9 a.m., a través de los diferentes canales y redes de la Comisión y de El Espectador y Colombia 2020. Estarán en la sala el presidente de la entidad, Francisco de Roux; la comisionada de la verdad, Marta Ruiz como moderadora y como panelistas el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco; el procurador general, Fernando Carrillo; la directora del diario la Opinión de Cúcuta, Estefanía Colmenares; la gobernadora indígena de Toribío, Ana María Ramos; el consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín; y el periodista y columnista, Ricardo Silva.

A esta estrategia de diálogos sobre la no repetición del conflicto armado se suman los procesos de las regiones de Sumapaz y Putumayo, encaminados también a generar reflexiones frente a la persistencia del conflicto armado.

En Sumapaz el propósito será remarcar los hechos históricos de violencia política y estigmatización hacia el campesinado desde las voces de sus protagonistas y dar cuenta de las formas de resistencia pacífica para salvaguardar el territorio, el tejido social y cultural. Mientras que en Putumayo se buscará visibilizar la persistencia e intensidad de la violencia.

 

¿Qué son los Diálogos para la No Repetición?

Los Diálogos para la no continuidad y la no repetición del conflicto armado son una de las apuestas de diálogo social de la Comisión de la Verdad. Son procesos de escala nacional que se desarrollan en la dimensión territorial, específicamente en territorios priorizados. Esta metodología busca profundizar sobre los factores y condiciones que facilitaron o contribuyeron a la persistencia del conflicto armado, e identificar casos, a la luz de problemas actuales, que permitan entender por qué estos factores se han reactivado o potenciado en algunas regiones.

El objetivo de No Repetición, junto con el Esclarecimiento, el Reconocimiento y la Convivencia, es uno de los cuatro objetivos misionales de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Todas las iniciativas del Objetivo de No Repetición pretenden contribuir a sentar las bases para que no se repita el conflicto armado, sus causas y sus graves violaciones a los DDHH y DIH.

En 2019 los Diálogos para la No Repetición liderados por la Comisión se concentraron en uno de los patrones intolerables del conflicto armado y una de sus expresiones de continuidad: el ataque sistemático a hombres y mujeres líderes sociales y defensores de derechos humanos. El año pasado estos espacios plurales de diálogo y participación llegaron a Bogotá, Arauca, Montería, Barrancabermeja y Quibdó.

En esta primera fase la Comisión buscó, entre otros aspectos, reafirmar la relevancia de esos liderazgos para la democracia, convencidos de que los líderes y lideresas sociales son la máxima expresión de la democracia real, porque recogen y encarnan la voz de las comunidades o sectores sociales, y son la defensa de los intereses colectivos; por lo que el Estado, sus instituciones y la sociedad en general deben comprometerse a detener las agresiones en su contra.

De la misma manera, ayudaron a la Comisión a conectar los temas urgentes del panorama actual de la Nación y además a ponerlos en perspectiva histórica. Asimismo, le permitieron analizar a fondo que los casos de ataques en contra de líderes no están aislados el uno del otro, están relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz y deben poder leerse en el contexto más amplio de décadas de agresiones contra estas personas.

 

Perfil panelistas invitados a este primer diálogo

Ana María Ramos, gobernadora indígena de Toribío:

En sus propias palabras: “Las mujeres indígenas Nasa somos dadoras de vida, pero también protegemos y cuidamos el territorio. Logré terminar el bachiller académico y procesos de formación política donde ha sido la comunidad que ha brindado la oportunidad de caminar el proceso organizativo. Gracias a los espíritus de la naturaleza y mi comunidad, he logrado participar en diferentes espacios, en la zona Norte del Cauca, en el 2007 y 2008 fui coordinadora de familia del cabildo del resguardo de Toribío, acompañando a las familias desarmonizadas en violencia intrafamiliar, sexual y acompañamiento psicosocial. En 2009 y 2016 las autoridades me delegaron para coordinar el tema de familia de la Asociación de Cabildos de la Zona Norte del Cauca, como equipo logramos crear los cabildos de familia en 9 resguardos, escuelas de formación en articulación con el movimiento Juvenil y la Unicef. En 2017 y 2018 realicé acompañamiento a víctimas del conflicto armado, con la OIM orientamos a las familias en el rescate de valores culturales y ancestrales del territorio. Actualmente la comunidad me ha delegado la estructura de la autoridad tradicional, somos seis autoridades; dos mujeres y cuatro hombres, en el idioma propio somos “NEEHWE’SX de Toribío”.

Fernando Carrillo, procurador General de la Nación

Abogado socioeconomista de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá donde se graduó con honores. Es máster en Leyes y Finanzas Públicas en la Universidad de Harvard y máster en Administración y en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la misma universidad. Fue el promotor del Movimiento Estudiantil de la Séptima Papeleta que hizo posible la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, de la cual hizo parte y en la cual fue Presidente de la Comisión de Justicia. Fue ponente de la creación de la Fiscalía General de la Nación, la Corte Constitucional y de otras instituciones de modernización de la justicia. Fue, además, promotor de la acción de tutela. Ha ejercido, entre otros, los siguientes cargos: Ministro de Justicia, Representante del BID en París y en Brasil, Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Ministro del Interior y Embajador de Colombia en España. También ha sido profesor y es autor de más de 14 libros y 80 artículos en temas de democracia, gobernabilidad y reformas a la justicia.

Rafael Guarín, consejero presidencial para la Seguridad Nacional

Ha sido viceministro de Defensa, Procurador Judicial, profesor universitario, analista y columnista. Abogado de la universidad libre. Realizó estudios de Master en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de derecho de la Universidad Francisco de Victoria y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Master en Análisis y Prevención del Terrorismo de la Universidad. Rey Juan Carlos de España, Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra de Colombia. Ha sido profesor de ciencia política, gobierno y derechos humanos y ha publicado tres libros. Se ha desempeñado como columnista de El Nuevo Herald y de Semana y como analista de Blu Radio. Es Consejero Presidencial para la Seguridad Nacional desde el 13 de agosto de 2018 y es el responsable de la elaboración de la política de defensa y seguridad ciudadana, además, es el promotor de la estrategia de Zonas Futuro del Gobierno del Presidente Duque.

Ricardo Silva Romero, periodista, escritor y columnista

Es el autor de las novelas Relato de Navidad en La Gran Vía (2001), Walkman (2002), Tic (2003), Parece que va a llover (2005), Fin (2005), El hombre de los mil nombres (2006), Autogol (2009), Érase una vez en Colombia (2012), compuesta por Comedia romántica y El Espantapájaros, El libro de la envidia (2014), Historia oficial del amor (2016), Todo va a estar bien (2016) y Cómo perderlo todo (2018). Su obra la completan dos colecciones de relatos, dos poemarios, un par de libros sin género, un ensayo sobre la ficción titulado Ficcionario (2017). Es columnista de El Tiempo en Colombia y de El País en España.

Estefanía Colmenares Hernández, directora del diario La Opinión de Cúcuta

Periodista de la Universidad Javeriana de Bogotá, tiene una maestría en periodismo del programa BCNY, un programa conjunto entre la Universidad de Barcelona (España) y la Universidad de Columbia (EE. UU.). Trabajó como periodista en El Tiempo cubriendo temas para la sección local y formó parte del equipo de lanzamiento del periódico gratuito ADN, donde se desempeñó como editora local. En 2010, se unió al equipo de redacción de la Presidencia de la República, donde escribió discursos para el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos. En 2013, se mudó a Cúcuta, su ciudad natal, para convertirse en subdirectora del periódico La Opinión. Tras cinco años en el cargo, en enero de 2019 asumió como directora del periódico.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch

Experto en América Latina. Antes de unirse a Human Rights Watch, Vivanco trabajó como abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Organización de Estados Americanos (OEA). En 1990, fundó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, una organización no gubernamental que presenta denuncias ante organismos internacionales de derechos humanos. También ha sido profesor adjunto de derecho en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown y la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados en la Universidad John Hopkins. Ha publicado artículos en los principales periódicos de América Latina. De nacionalidad chilena, Vivanco estudió derecho en la Universidad de Chile y en la Escuela de Derecho de Salamanca en España y posee una Maestría en Derecho de la Facultad de Derecho de Harvard.

 

¿Por qué en estos territorios?

Las regiones en las que se realizarán los Diálogos para la No Continuidad se caracterizan por la persistencia de la violencia, expresada en la prolongación de la victimización contra integrantes de organizaciones sociales y autoridades étnicas, la presencia y actuación de actores armados y el funcionamiento de economías ilícitas, principalmente narcotráfico.

Por lo cual la continuidad del conflicto en estos territorios lleva a un análisis de la violencia como un patrón preocupante y que en sí mismo parece señalar la vía armada continúa siendo la que prima para solucionar los conflictos sociales.

Los cuatro territorios incluyen más de 60 municipios que van desde el Pacífico y los andes caucanos, las cuencas de dos de los ríos más caudalosos y biodiversos del país: el Atrato y el Cauca, pero también más explotados por la minería legal e ilegal; y la subregión del Catatumbo en la frontera colombiana con Venezuela.

Catatumbo: La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas reportó cerca de 341.412 personas víctimas del conflicto armado en el Catatumbo. En los municipios de El Tarra y Convención se registran 26.074 y 24.061 desplazamientos y 1.267 homicidios y 1.223, respectivamente.

Entre 2017 y 2020 se han presentado 92 ataques contra liderazgos sociales en la región, entre los que se incluyen amenazas, asesinatos, atentados, detenciones arbitrarias, secuestros, intimidación y empadronamiento. Tibú con 32 ataques contra líderes sociales, Teorama con 14 y Ocaña con 13 son los municipios más afectados.

En 2019 y 2020, las acciones de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito han derivado en un aumento de la tensión entre campesinos y fuerza pública. Campesinos de la región han denunciado abusos por parte de integrantes del Ejército que adelantan estas acciones.

Entre el 27 de marzo y 26 de junio de 2020 más de 45.000 personas fueron sometidas a confinamiento forzado en mayo, el 70% de ellas en la región del Catatumbo (Norte de Santander).

Cauca: la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas registró un total de 418.124 víctimas del conflicto armado en el departamento en el período 1985 - 2015, lo cual corresponde al 5,2% del total de víctimas nacionales. Se registran 89.251 personas víctimas de desplazamiento forzado debido a la actuación de todos los actores del conflicto armado. El Cauca es el departamento con más incursiones guerrilleras entre 1965 y 2013 con un total de 309.

Entre 2016 y 2019 fueron asesinados 164 líderes sociales y autoridades étnicas en el departamento, se destacan los asesinatos contra líderes sociales y autoridades étnicas en el norte del departamento, donde la población indígena es mayoritaria.

El departamento del Cauca sigue teniendo los niveles más altos de violencia contra líderes sociales. En este departamento, durante la cuarentena, se ha informado de cinco masacres y varios asesinatos, incluidos los de líderes sociales y sus familiares.

Bajo Cauca: Tanto el narcotráfico como la extracción aurífera se configuran como determinantes para la persistencia de la violencia en la región. La UARIV registró 68.726 víctimas en los seis municipios del Bajo Cauca, lo cual corresponde al 22% del total de la población proyectada por el DANE.

Desde la salida del Frente 18 de las FARC, la situación humanitaria se ha deteriorado en el Bajo Cauca Antioqueño. Se han aumentado los asesinatos y, en general, las victimizaciones contra la población civil debido a la cruenta batalla en la que están enfrentados las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, los Caparrapos, el ELN y las disidencias de las FARC.

Bajo Atrato: La posición del Bajo Atrato en el tránsito que comunica a los dos océanos en medio de una geografía inhóspita ha resultado atractiva para diferentes expresiones de la ilegalidad que han encontrado allí un lugar propicio para asentarse. La presencia inicial del Frente 34 de las FARC fue confrontada por la incursión de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá desde el Urabá Antioqueño. Según la UARIV, hay 18.555 víctimas registradas en los municipios de Carmen de Atrato y Riosucio. En 1997 fueron desplazadas forzadamente 27.433 en el departamento.

Los municipios del Bajo Atrato Chocoano – Riosucio y Carmen del Darién- han sido fuertemente golpeados por el conflicto desde la década de 1990, con una marcada intensificación entre 1997 y 2002. Entre el 27 de marzo y 26 de junio de 2020 más de 7.500 personas fueron desplazadas por la fuerza en la región del Pacífico (Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó). Más del 80 % de ellas eran mujeres y niños y niñas, y el 50 % pertenecían a comunidades étnicas.

En contextos conflictivos, como el de estas cuatro regiones, la reflexión sobre los factores de persistencia del conflicto armado implica la comprensión de las raíces de la conflictividad y de la forma en la que opera su reconfiguración en perspectiva de encontrar salidas sostenibles que involucren a los actores que conforman el territorio.

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